domingo, julio 14

Los murciélagos se levantan contra la intervención y regulación gubernamental

Los murciélagos se levantan contra la intervención y regulación gubernamental

Los pequeños y medianos empresarios, representados por el patronato Cepyme, alzaron su voz contra la «intervención» y la «sobriedad» del Gobierno. Durante la Asamblea General, varios empresarios distribuyeron un manifiesto «por la libertad de empresa», en el que expresaron su compromiso y preocupación por las políticas que afectan las relaciones corporativas. En aquella ocasión, el Congreso de Representantes del Gobierno contó con la presencia de José Luis Escrivá, al que también asistieron el alcalde de Dardos y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El acto fue reconocido por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. Cuerva denunció en su discurso que las medidas del Gobierno suponen un ataque injusto y lesivo a los derechos de las empresas y del país, mencionando el artículo 38 de la Constitución española que garantiza la libre constitución de las empresas.

El manifiesto de las protestas españolas por la libertad de empresa destaca las líneas rojas que el Gobierno no debe seguir para no interferir en el buen funcionamiento de las empresas, evitando presiones y obstáculos en su desarrollo. En resumen, cuestionan la libertad empresarial, oponiéndose al intervencionismo y a la estigmatización del emprendedor. A Cepyme le gustaría que las empresas se beneficiaran de un entorno regulatorio más justo.

Durante la lectura del manifiesto, los pequeños empresarios españoles defendieron «la dignidad y la libertad empresarial». Según Cuerva, «la situación ha sido comunicada oficialmente al Gobierno».

La carga legislativa y la intervención en temas como salarios e impuestos han afectado el correcto funcionamiento de las empresas. “Necesitamos resolver esta situación”, afirmó Cuerva.

Dignidad corporativa, costos y control político

Los empleados colaboran intensamente con los sindicatos en importantes reformas y negociaciones colectivas. Pidió al Gobierno que intente romper el equilibrio interno de las relaciones sociales, denunciando jornadas laborales e injusticias en el trabajo.

Crítico que en los últimos años ha utilizado el diálogo social con los políticos para buscar el bien común. Las tensiones actuales en la mesa de diálogo social coinciden con la implementación de las reformas. “Pedimos protección gubernamental para la organización interna de las empresas”, piden. Cepyme se negó a presentar una propuesta alternativa y ahora presenta este manifiesto, buscando promover el diálogo social y la negociación colectiva, y exigiendo mayor responsabilidad al Gobierno.

«Pedimos garantizar la protección gubernamental dentro de la organización interna de las empresas».

Los empresarios entienden que el Gobierno está imponiendo una política de aumento de costos, gastos burocráticos, fiscales y sociales. También se afirma que los jóvenes son víctimas de la estigmatización del emprendedor, basada en la búsqueda de ventajas y resultados. Reivindicar el lugar de las empresas en la sociedad y la economía.

A Díaz se le pidió un análisis adecuado sobre la productividad, los costos laborales y la vulnerabilidad de los sectores más afectados por la reforma laboral. «Hay injerencias políticas en la realidad del tejido productivo español», critica. «Hemos pedido a las partes interesadas que no implementen decisiones que tengan un impacto directo en la productividad y el funcionamiento de muchas empresas».

Control, sobrerregulación y rigidez

Informar al Gobierno de la implantación de «medidas de control, supervisión y sanción» que reflejan una falta de confianza en el cumplimiento normativo por parte de las empresas. Proliferar el intervencionismo a través de normativas, registros y planes de eficiencia energética que aumenten la carga burocrática.

«Pedimos limitar la influencia del Gobierno en el funcionamiento y organización interna de las empresas y garantizar su flexibilidad. “Imponer modelos europeos de flexibilidad sin adaptarlos adecuadamente será un error costoso para todos los ciudadanos españoles”, afirman.

Este punto incluye diversos aspectos relacionados con la flexibilidad, como el aumento de los costos laborales, la ampliación de las causas compensatorias y la intervención sobre los salarios, incluido el salario mínimo y la reducción de los costos laborales en los últimos años. “Interferir en el funcionamiento interno de empresas vinculadas al gobierno viola los derechos de propiedad, la toma de decisiones y la capacidad de responder a un entorno en constante cambio”, concluyen.