domingo, julio 14

La jueza paraliza el caso de Washington contra Trump mientras se decide sobre su inmunidad | Internacional

Donald Trump empieza a ganar tiempo. La jueza Tanya Chutkan, encargada del caso por el intento del expresidente de alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, ha decidido suspender la instrucción del caso mientras se decide sobre la inmunidad del acusado y sobre si está siendo acusado en dos juicios distintos por los mismos hechos. La jueza rechazó esa inmunidad, pero los abogados de Trump presentaron un recurso ante el tribunal de apelaciones y la jueza admite que no puede seguir instruyendo el caso y preparando el juicio hasta que esa cuestión se resuelva.

La mayoría de los recursos contra una decisión judicial en el proceso de instrucción no paralizan el caso. Sin embargo, el litigio sobre la inmunidad sí que lo hace porque de lo que se decida depende que se pueda procesar y juzgar a Trump. En una resolución de tres páginas publicada este viernes, la jueza lo explica recurriendo a un precedente. “Si el litigio puede seguir adelante en el tribunal de distrito es precisamente lo que debe decidir el tribunal de apelaciones. (…) No tiene sentido que el juicio siga adelante mientras el tribunal de apelaciones cavila sobre si debe haber uno”, decía ese precedente y la jueza dice que debe aplicarse ese razonamiento por analogía en apelaciones relacionadas con la inmunidad y la doble incriminación.

La resolución de Chutkan pone en pausa cualquier “procedimiento ulterior que haga avanzar este caso hacia el juicio o imponga cargas adicionales de litigio al demandado”. Pero deja abierta la posibilidad de mantener la fecha prevista para el juicio si el caso vuelve a su tribunal, diciendo que esa fecha y otros plazos se ponían en pausa en lugar de cancelarse. También dice que sigue vidente la orden mordaza que impone restricciones al discurso de Trump contra testigos y miembros del tribunal y otras resoluciones sobre la aportación de pruebas.

Si el proceso se dilata, es posible que el juicio no empiece el 4 de marzo, como estaba previsto, justo la víspera del Supermartes, la jornada más importante de las elecciones primarias. Con su estrategia dilatoria, que pasaba por llegar al Tribunal Supremo, el juicio podría incluso retrasarse a después de las elecciones presidenciales de noviembre. Si Trump ganase esas elecciones, podría maniobrar para que el Departamento de Justicia abandonase sus acusaciones. En un caso extremo podría incluso autoindultarse.

El papel del Supremo

Para evitar que el caso se dilate tanto, es el fiscal especial, Jack Smith, el que ha acudido al Supremo preventivamente y le ha pedido que se pronuncie sobre la inmunidad sin esperar a la decisión del tribunal de apelaciones. Smith pidió en un escrito de 81 páginas a los jueces del Supremo que decidan si Trump puede ser procesado por las acusaciones de que conspiró para alterar los resultados de las elecciones de 2020 o tiene inmunidad. El mismo lunes, el Supremo dictó una orden en la que accedía a acelerar el examen del caso. El tribunal ha pedido a los abogados de Trump que presenten su respuesta antes de las 16.00 horas del próximo 20 de diciembre.

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“Este caso presenta una cuestión fundamental en el corazón de nuestra democracia: si un expresidente es absolutamente inmune a la acusación federal por delitos cometidos durante su mandato o está constitucionalmente protegido de la acusación federal cuando ha sido procesado políticamente con un impeachment, pero no condenado antes de que comience el proceso penal”, sostenía el fiscal en su escrito ante el Supremo. “Es de imperativa importancia pública que las reclamaciones de inmunidad del demandado sean resueltas por este Tribunal y que el juicio del demandado proceda lo antes posible si su reclamación de inmunidad es rechazada”, añade.

Los casos del Tribunal Supremo suelen durar varios meses desde la admisión a trámite hasta la sentencia, pero hay ocasiones en que los plazos se aceleran. Hace 50 años, los jueces actuaron en el plazo de dos meses cuando se les pidió que obligaran al presidente Richard Nixon a entregar las grabaciones del Despacho Oval en el caso Watergate. Las cintas se utilizaron posteriormente, en 1974, en los procesos por corrupción contra los antiguos ayudantes de Nixon.

Si los jueces del Supremo se niegan a intervenir de momento, el recurso se continuaría tramitando en el tribunal de apelaciones para el Circuito de Washington.

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