La Fiscalía se querella contra Rubiales en la Audiencia Nacional por el beso a Jenni Hermoso | Deportes

El caso Rubiales ya está oficialmente en la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha dado el paso que faltaba para impulsar la apertura de la vía penal —tras abrir a finales de agosto unas diligencias de investigación prejudiciales— y este viernes ha presentado una querella en dicho órgano judicial contra el presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso no consentido que dio a la jugadora Jennifer Hermoso durante la celebración por la victoria de la selección femenina en el Mundial. El ministerio público, que aprecia un posible delito de agresión sexual y otro de coacciones, ha formalizado así la denuncia contra el directivo tras recabar el pasado martes el testimonio de la deportista internacional, que prestó declaración en la sede de la Fiscalía General del Estado.

La querella de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pide citar a Rubiales como imputado, detalla que Hermoso relató cómo el beso se produjo sin su consentimiento. “En su declaración, también refirió que tanto ella como su entorno más próximo sufrieron una presión constante y reiterada por parte de Luis Rubiales y el entorno profesional de este, para que justificara y aprobara los hechos”, apostilla el ministerio público, que encuadra en ese punto el delito de coacciones: “Hermoso sufrió una situación de hostigamiento, en contra del desarrollo de su vida en paz, tranquilidad y libremente”.

La acusación solicita al tribunal, por ello, que recabe también el testimonio de la víctima y que se dirija a Australia —país donde se celebró la final del Mundial— para pedir “información de las autoridades australianas sobre la tipificación de los delitos contra la libertad sexual en sus normas penales”.

Al abrir las diligencias prejudiciales, Marta Durántez, teniente fiscal de la Audiencia Nacional, ya entendió que “el acto sexual sufrido” por la futbolista “no fue consentido”. Antes de impulsar esas pesquisas, Hermoso había publicado un comunicado donde afirmaba: “Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista y sin ningún tipo de consentimiento de mi parte […] Sencillamente no fui respetada”. En base a sus palabras y las imágenes de televisión que se difundieron por todo el mundo, el ministerio público recogió el guante: la besó en la boca “mientras agarraba con las dos manos la cabeza de la jugadora”, describía de forma explícita la acusación.

Desde un principio, la Fiscalía ha mantenido que este caso debía recaer en la Audiencia Nacional, que determinará ahora qué Juzgado Central de Instrucción (existen seis) asume la investigación. El ministerio público subraya que este órgano judicial tiene las competencias necesarias para instruir el procedimiento, ya que el presunto delito lo ha cometido un español en el extranjero —el incidente se produjo en Sídney (Australia), que acogió la final del campeonato—.

El Código Penal contempla penas de entre uno y cuatro años de cárcel para quien realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento —castigo que puede elevarse cuando concurren ciertos condicionantes—. Aunque la ley también prevé que el órgano sentenciador pueda imponer solo una multa, “en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable”, “razonándolo en la sentencia y siempre que no medie violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad”, entre otros factores.

Desde que estalló el escándalo, Luis Rubiales ha tratado de justificarse: “Es una cosa que no tiene ninguna maldad”, dijo en un primer momento sobre el beso. Él y su entorno han llegado después, incluso, a acusar a la futbolista de mentir y se han presentado como víctimas del “falso feminismo”. Actualmente, el presidente de la RFEF se encuentra suspendido provisionalmente por la FIFA. El Gobierno ha solicitado al Tribunal Administrativo del Deporte que adopte una decisión similar por el daño causado por el directivo a la imagen de España, mientras resuelve el expediente incoado contra él (por lo que este tribunal consideró una falta “grave”, y no “muy grave”).

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