domingo, julio 14

La expulsión de dos afganos asentados en Dinamarca choca con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos | Internacional

Dinamarca carga sobre su espalda dos nuevas condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), por violar el derecho a la vida privada y familiar de dos personas extranjeras, tras haber ordenado en 2020 su expulsión del país. Las sentencias, emitidas el 5 de septiembre, se suman a una larga lista de veredictos de Estrasburgo en contra de la política migratoria danesa, que ponen en tela de juicio las medidas del Gobierno de la socialdemócrata Mette Frederiksen.

Uno de los beneficiados por el fallo del TEDH es Amir Shah Sharifi, de 31 años y de nacionalidad afgana. Vive desde los nueve años en Dinamarca, cuando entró de manera irregular al país con sus padres. En 2019, fue condenado a dos años de prisión y a la expulsión del país, con una prohibición de reingreso de 12 años, por la posesión ilegal de dos armas de fuego y de 0,4 gramos de cocaína. Demandó en 2021 al país ante Estrasburgo al considerar que la orden de expulsión suponía una vulneración de sus derechos.

Eddie Rosenberg Khawaja, abogado de Sharifi, explica por teléfono a EL PAÍS que los tribunales daneses “hacen un acto de equilibrio muy delicado y trabajan en la frontera de lo que infringe o no los derechos humanos”. Y asegura: “Seguirán surgiendo decisiones que caigan en el lado incorrecto de la balanza”. Según el letrado, hay al menos 15 casos sobre deportación en la mesa del TEDH, por lo que “se pueden esperar más sentencias condenatorias a Dinamarca durante el próximo año”.

Desde 2014 se han abierto 16 procesos en contra del país nórdico por violaciones al artículo ocho de la Convención Europea de Derechos Humanos, aunque solo se ha reconocido su vulneración en cinco ocasiones, según consta en la página web del tribunal de Estrasburgo. El artículo ocho del tratado exige a los Estados miembros “respetar la vida privada y familiar” de los ciudadanos y da poderes al TEDH para regular cuándo puede haber alguna injerencia de los poderes públicos, en este caso, de la justicia danesa.

Estrasburgo ha resuelto dos años después a favor de Sharifi, pues considera que este “tiene vínculos muy fuertes con Dinamarca, mientras que sus vínculos con Afganistán son prácticamente inexistentes”. Una respuesta similar obtuvo Omid Noorzae, ciudadano afgano de 30 años. El acusado ya fue deportado a su país de origen, aunque se desconoce su paradero actual, según reveló este mes su abogado a la Corporación Danesa de Radiodifusión. El ministro de Inmigración, Kaare Dybvad Bek, “lamenta” las decisiones “contrarias a Dinamarca”, pero señala que su oficina revisará los fallos, según declaraciones recogidas por el mismo medio.

Cambio de paradigma

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Desde que fue elegida por primera vez en 2019, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha convertido la política migratoria del país nórdico en una de las más restrictivas de la Unión Europea. En sus más de cuatro años al frente del Gobierno, la socialdemócrata ha impulsado medidas apoyadas por la extrema derecha, como el traslado de solicitantes de asilo a Ruanda mientras se resuelven sus casos o el envío de extranjeros convictos a una cárcel de Kosovo para cumplir con su condena. Tras las elecciones de 2022, los socialdemócratas giraron al centro al formar gobierno con el Partido Liberal y los Moderados. La coalición, que suma 89 escaños de 179 en el Parlamento, apoya la línea dura en materia de inmigración.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, asiste a una conferencia de prensa en Copenhague, Dinamarca, el 12 de septiembre de 2023.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, asiste a una conferencia de prensa en Copenhague, Dinamarca, el 12 de septiembre de 2023.TOM LITTLE (REUTERS)

El discurso de Frederiksen, cuyo partido obtuvo su mejor resultado en 20 años, ya no solo cala en la sociedad, sino también en la justicia. El abogado Rosenberg Khawaja considera que “los políticos se lo ponen cada vez más difícil a los jueces” a la hora de dictar sentencia sobre un ciudadano extranjero. Una enmienda hecha en 2020 a la ley de extranjería otorgó a los tribunales la “discreción” de rebajar los plazos de prohibición de reingreso a los extranjeros condenados penalmente si consideran que puede haber una violación de los tratados internacionales.

Estrasburgo determinó en 2021 que una ley promulgada en 2015, a raíz de la crisis migratoria que entonces sacudía Europa —que impedía a los refugiados solicitar la reunificación familiar hasta pasados tres años en el país—, violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El mismo tribunal emitió un fallo similar en 2019, cuando halló que Dinamarca violó el Acuerdo de Asociación de 1980 entre Turquía y la UE, al restringir la reunificación familiar de ciudadanos turcos que trabajaban en el país escandinavo. Ambas sentencias provocaron que el Gobierno impulsase modificaciones en la legislación para subsanar los daños causados.

“Dinamarca tiene, sin duda, las normas más restrictivas [en cuanto a inmigración] de toda Europa”, manifiesta Niels-Erik Hansen, abogado de derechos humanos e inmigración en Copenhague. Y añade: “El cambio de paradigma pasa de dar la bienvenida a los extranjeros a hacerlos sentir que se deben quedar aquí el menor tiempo posible, y vulnera, en especial, a las personas provenientes de Oriente Próximo y del Norte de África”.

Una de las medidas más impopulares fue precisamente la derogación del asilo y de los permisos de residencia de más de 200 ciudadanos sirios en 2021, tras considerar que la situación de seguridad en algunas partes de Siria había “mejorado significativamente”. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, dijo entonces que la acción iba “en contra de la letra y el espíritu” de la Convención de Refugiados de 1951, de la que Dinamarca es el primer país firmante.

Hansen asegura que sentencias como las emitidas sobre los casos de Sharifi y Noorzae ayudan al trabajo de los abogados de derechos humanos, pues “demuestran que la legislación y la justicia danesa tienen un límite”. Según él, “se necesita ayuda del extranjero, porque desde dentro del país llevan la ley al límite, tanto que parece no haber”. Rosenberg Khawaja comparte una postura similar: “Estoy seguro de que los tribunales escuchan la posición sólida de Estrasburgo. Ahora tendrán más información al tomar una decisión, pues estas interpretaciones le dan más color a las áreas grises”.

Dinamarca tiene hasta el próximo mes para presentar una apelación ante la última instancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra de los fallos. El abogado es optimista y espera que las autoridades danesas le expidan un nuevo permiso de residencia a Sharifi este mismo año.

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