(CNN Español) — La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica (FAPTA) abordó al expresidente Luis Guillermo Solís Rivera del delito de influencia contra la Hacienda Pública por el caso conocido como Bancrédito, entidad que terminó en julio de 2017 de 99 años de funcionamiento . Solís Rivera gobernó Costa Rica de 2014 a 2018.
Él un mensaje en su cuenta de TwitterSolo digo que le sorprende la acusación, pero que la recibe con serenidad. Afirmó que su gobierno siempre actuó de derecho, “buscando el beneficio del país, así como la protección de los créditos del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores”.
“Demostraremos que, gracias a nuestra actuación, logramos un cierre ordenado del Banco que evitó una afectación completa del sistema financiero nacional (…) los tribunales demostrarán la legalidad de todas nuestras actuaciones, y no dudo que prevalecerá la justicia por encima de qualquer interés”, añadió.
la acusación
En la acusación también se incluyen cuatro miembros del gabinete de Solís: Helio Fallas Venegas, ex primer vicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Jiménez, ex viceministra de Egresos y Tesorera Nacional y Mauricio Arroyo Rivera, en su condición de subtesorero nacional.
El exministro Alfaro Salas se defendió a través de un mensaje difundido por un representante de prensa de este equipo de gobierno.
“Tomo esta noticia con la tranquilidad de saber que no se ha cometido ningún delito, y la estaremos presentando ante los tribunales para hacer la defensa pública correspondiente”, dijo.
CNN está tratando de conocer la reacción de las personas acusadas.
Según la acusación fiscal, los imputados convinieron en transferir dinero del Tesoro Nacional a Bancrédito, “sin soporte técnico y con bajísima posibilidad de devolución, con la intención de que la entidad bancaria matriz mantuviera un índice de liquidez suficiente”.
El Ministerio Público dijo en un comunicado que, al parecer, la transferencia impedirá que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordene la intervención del banco, debido a los graves problemas de liquidación que enfrentaba y, finalmente, impedirá la imagen de el gobierno de Solís Rivera de ser dañado. Según la Fiscalía, la ejecución de los imputados tuvo como consecuencia una afectación a la Hacienda Pública ya interés público.
La Fiscalía informó este junio que la acusación fue presentada las últimas semanas ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. La oficina de prensa de la entidad le dijo a CNN que el próximo paso es que el Juzgado Penal de Hacienda convoque a las partes y que se celebre una audiencia preliminar para definir si el caso se eleva a la justicia.