

(CNN Español) — El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009 – 2014) fue condenado este martes a 10 años y 6 meses de prisión a pagar una multa de más de US$ 19,2 millones para ser declarado responsable, junto a otras cuatro personas, del delito de blanqueo. de capitales en el caso conocido como “Negocio Nuevo”, sobre la compra de un grupo editorial que, según el Ministerio Público, fue adquirida con fondos provenientes de contratos con el Estado que se manejaban irregularmente.
En la sentencia emitida por el Órgano Judicial, la jueza Baloísa Marquínez ordena al expresidente Martinelli pagar al Tesoro Nacional de Panamá una multa de US$ 19.221.600,48 como pena accesoria en un plazo de 12 meses.
El ejecutor deberá pagar esta cantidad una vez cumplida la pena principal, que, según la sentencia, equivaldrá al doble del beneficio económico, que se asegurará percibido, y que será debidamente cuantificado.
Ricardo Martinelli, candidato presidencial para las próximas elecciones generales en Panamá, a realizarse en mayo de 2024, siempre ha dicho que es inocente y víctima de persecución política.
En mayo, la Fiscalía Panameña confirmó que en el caso “Negocio Nuevo”, que comenzó a investigar en 2017, puede identificarse la compraventa de acciones de Editora Panamá América, que publica diarios y reseñas, se hizo “mediante un esquema complejo en el involucrando a personas naturales y jurídicas, que realizan maniobras de estratificación financiera, a través de múltiples transacciones nacionales e internacionales”, con las que se captaron en 2010 casi 44 millones de dólares en una cuenta en un banco offshore a nombre de New Business Services Limited.
CNN pretende conocer la reacción de Martinelli, pero hasta el momento no ha tenido respuesta. Sobre todo si han obtenido comentarios de su locutor, Luis Eduardo Camacho, sobre su abogado.
Camacho publicó este martes un mensaje en sus redes sociales donde espera que «abogados y copartidarios analicen la exabrupción jurídica que pretende realizar una transacción privada legítima, que no implica daño patrimonial para el Estado, según indicó el Tribunal de Cuentas y la Contraloría, en un delito inexistente. En las próximas horas si tendrá un pronunciamiento al país sobre las acciones políticas y jurídicas que seguirán».